Managua, Nicaragua. – Al menos 54 opositores y críticos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo permanecen actualmente en las cárceles de Nicaragua, incluyendo a 18 adultos mayores, según el más reciente informe del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, una instancia respaldada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El organismo denunció que de las 54 personas detenidas, 15 se encuentran desaparecidas, en el marco de lo que califican como una práctica sistemática de desaparición forzada.
“Este número refleja la escalada de represión bajo el régimen de Ortega-Murillo, que ha intensificado las detenciones arbitrarias y la incomunicación como herramientas de control político”, señala el informe.
Del total de presos, siete son mujeres y 47 hombres, incluyendo diez detenidos antes del estallido social de 2018. Además, 35 ya han sido condenados por supuestos delitos de traición a la patria en procesos judiciales que el organismo calificó como carentes de garantías mínimas. Otros 19 permanecen a la espera de juicio.
Entre los presos, adultos mayores, excomandantes y periodistas
La lista también identifica a figuras de alto perfil, como Henry Ruiz, excomandante de la Revolución Sandinista, de 81 años, quien permanece bajo arresto domiciliario desde marzo de 2025, y el general en retiro Álvaro Baltodano, antiguo asesor de Ortega.
Asimismo, aparecen nombres como los líderes indígenas Brooklyn Rivera Bryan, Steadman Fagoth Müller, y Nancy Elizabeth Henríquez; así como militares retirados y periodistas como Fabiola Tercero y Leo Cárcamo.
El Mecanismo advierte que el número real de presos podría ser aún mayor, ya que muchas familias optan por no denunciar por miedo a represalias del régimen.
Contexto de represión y crisis prolongada
Nicaragua atraviesa una profunda crisis política y social desde abril de 2018, que se agudizó tras las controvertidas elecciones de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un nuevo mandato con sus principales adversarios políticos en prisión o en el exilio, tras ser despojados de su nacionalidad y derechos ciudadanos por “traición a la patria”.
El informe enfatiza que el patrón de represión incluye procesos judiciales viciados, ocultamiento de paradero, y una estrategia sistemática de silencio forzado, configurando lo que organismos internacionales han considerado graves violaciones a los derechos humanos.