A pocos días de que quede sin efecto el tratado de extradición entre Honduras y Estados Unidos, la presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Anabel Gallardo, exhortó al Gobierno de Xiomara Castro a reconsiderar esta decisión, señalando que su eliminación podría afectar la imagen del país ante la comunidad internacional y los inversionistas.
«Siempre hemos manifestado como sector empresarial que el tratado de extradición debe mantenerse vigente. Esto es fundamental para enviar un mensaje claro de compromiso con el Estado de derecho y la lucha contra el crimen organizado», afirmó Gallardo.
Impacto en la inversión y seguridad jurídica
Para el Cohep, la permanencia del tratado es clave para garantizar un entorno de seguridad jurídica que favorezca la atracción de inversiones, tanto nacionales como extranjeras.
«Cuando un país muestra firmeza en la aplicación de la ley y establece mecanismos de rendición de cuentas, genera confianza en los inversionistas. La eliminación del tratado podría interpretarse como un retroceso en la lucha contra la impunidad», subrayó Gallardo.
Varios sectores han expresado su preocupación ante la posibilidad de que Honduras se convierta en un refugio para el narcotráfico y el crimen organizado si el tratado es derogado. Según datos oficiales, desde la entrada en vigor del acuerdo, Estados Unidos ha solicitado la extradición de más de 50 hondureños por delitos vinculados al narcotráfico, y hasta la fecha 47 de ellos han sido enviados a ese país para enfrentar la justicia.
Estados Unidos refuerza medidas migratorias
Mientras la discusión sobre la extradición sigue en el centro del debate, las deportaciones de hondureños desde Estados Unidos han aumentado en las últimas semanas. La administración estadounidense ha intensificado sus medidas migratorias, lo que ha resultado en la repatriación de cientos de ciudadanos en vuelos militares y comerciales.
Con el 28 de febrero como fecha límite para la vigencia del tratado de extradición, crece la presión sobre el Gobierno para que revise su postura. Organismos empresariales y analistas advierten que la decisión final podría tener repercusiones directas en la seguridad nacional, la cooperación internacional y el clima de inversión en el país.