Los habitantes del sector López Arellano, en la zona norte de Honduras, amanecieron este lunes sin servicio de transporte público, luego de que conductores suspendieran labores ante las constantes amenazas y cobros de extorsión a los que son sometidos por estructuras criminales.
Por temor a represalias, los transportistas evitaron brindar declaraciones a los medios de comunicación. La paralización del servicio obligó a cientos de pobladores a buscar rutas alternas o caminar largas distancias para poder llegar a sus lugares de trabajo, centros educativos y otras actividades cotidianas.
Autoridades explican que la extorsión es un delito que se comete mediante violencia o intimidación, forzando a las víctimas a realizar pagos ilegales que afectan directamente su patrimonio y su sustento económico.
En Honduras, el sector transporte figura entre los más golpeados por este flagelo, aunque comerciantes, emprendedores y otros rubros productivos también continúan siendo afectados.
De acuerdo con un informe de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), alrededor de 304 mil hogares hondureños siguen siendo víctimas de extorsión en el país.
Por su parte, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) advirtió que delitos como la extorsión, las amenazas y los homicidios provocan el desplazamiento forzado de personas, quienes se ven obligadas a abandonar sus hogares y fuentes de empleo para resguardar su vida.
Asimismo, Conadeh señaló que medidas como el estado de excepción no han logrado reducir de manera efectiva los niveles de violencia, por lo que instó a las autoridades a implementar estrategias integrales que garanticen seguridad y protección a la población.