Las elecciones primarias de 2025 están cada vez más cerca, y entre los aspirantes a cargos públicos ha surgido una candidatura que genera polémica: la de Tirso Ulloa, exsecretario general del Instituto de la Propiedad (IP), quien se postula como precandidato a diputado por el departamento de Comayagua, representando al movimiento FRP del Partido Libre. Sin embargo, su postulación no ha pasado desapercibida, ya que su historial está marcado por denuncias de presunta solicitud de favores sexuales a cambio de plazas laborales.
Un escándalo que lo obligó a renunciar
En mayo de 2023, audios y conversaciones filtradas pusieron en evidencia presuntas ofertas de empleo condicionadas a favores sexuales por parte de Ulloa, lo que derivó en una investigación de oficio por parte de la Fiscalía Especial de Protección a la Mujer.
A raíz de la presión pública y política, el entonces funcionario renunció a su cargo, aunque sostiene que todo fue parte de una estrategia de sus adversarios para desacreditarlo. “Nunca hubo pruebas en mi contra, el caso ya fue archivado”, aseguró en una entrevista.
No obstante, la Fiscalía desmintió su versión, confirmando que la investigación sigue abierta, pero que enfrenta dificultades debido a que la víctima no ha comparecido a declarar.
Críticas a su candidatura y dudas sobre su integridad
La postulación de Ulloa ha sido duramente criticada por sectores de la sociedad y usuarios en redes sociales, quienes consideran que alguien bajo investigación por presuntos delitos de contenido sexual no debería aspirar a un cargo de elección popular.
Wendy Cruz, coordinadora de Vía Campesina Feminista, calificó de “inmoral” que los partidos políticos incluyan en sus listas a personas señaladas por este tipo de delitos. Además, lamentó que en Honduras no exista un marco legal que impida la postulación de individuos investigados por violencia sexual o corrupción, lo que contribuye a la impunidad.
“El abuso de poder sigue vigente porque las víctimas no confían en el sistema de justicia. Muchos funcionarios exigen favores sexuales a mujeres que buscan empleo y, al no haber consecuencias, pueden seguir en la política sin ningún problema”, enfatizó Cruz.
Postura ambigua sobre el «pacto de impunidad»
Otro aspecto que genera preocupación en torno a Ulloa es su posición indefinida sobre la derogación del Decreto 04-2022, conocido como la “Ley de Amnistía Política”. Este decreto ha sido señalado por organismos nacionales e internacionales como un «pacto de impunidad» que ha beneficiado a funcionarios vinculados con actos de corrupción.
Cuando fue consultado sobre si apoyaría la derogación de la ley en caso de llegar al Congreso, Ulloa evitó dar una respuesta clara, señalando que «habría que analizarlo». Su falta de definición ha despertado aún más sospechas, ya que la eliminación de este decreto es una de las principales exigencias de la ONU para la llegada de la Comisión Internacional Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH).
¿Candidato o estrategia de blindaje político?
Mientras avanzan las elecciones primarias, la candidatura de Tirso Ulloa sigue generando controversia. Algunos sectores consideran que su aspiración no es más que una estrategia para recuperar poder político y protegerse ante cualquier futura acusación.
El electorado de Comayagua tendrá en sus manos la decisión de respaldarlo o rechazarlo en las urnas. Su historial como funcionario y las denuncias en su contra son factores clave que podrían definir si logra un puesto en el Congreso o si su candidatura queda como un intento fallido de regresar a la vida pública.