Este lunes 1 de septiembre comenzó oficialmente la campaña política en Honduras, una etapa decisiva del proceso electoral en la que los candidatos y partidos tendrán 86 días para presentar sus propuestas a la ciudadanía antes de las elecciones generales previstas para el 30 de noviembre.
De acuerdo con la Ley Electoral, aprobada en 2021, los aspirantes podrán realizar concentraciones, actividades de proselitismo y difundir propaganda en medios de comunicación, siempre dentro de los límites establecidos. La normativa es clara respecto a los plazos: la campaña deberá suspenderse el 25 de noviembre, fecha en la que inicia el período de silencio electoral.
Reglas y sanciones
El artículo 222 de la ley establece sanciones económicas de hasta cincuenta salarios mínimos para quienes irrespeten los tiempos de propaganda o difundan mensajes fuera del período autorizado.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) será la institución encargada de supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales. Según los artículos 215 al 241 y el 293, el CNE tiene facultades para emitir reglamentos que garanticen un control equitativo de la campaña y de la propaganda política.
No obstante, persiste un vacío legal en relación con la propaganda digital, ya que la normativa no establece controles específicos para el contenido en redes sociales, un terreno cada vez más influyente en la opinión pública.
Los candidatos presidenciales
En la contienda presidencial figuran:
- Rixi Moncada, candidata del gobernante partido Libertad y Refundación (Libre).
- Nasry Asfura, aspirante del Partido Nacional, principal fuerza opositora en el Congreso.
- Salvador Nasralla, representante del Partido Liberal.
- Nelson Ávila, del Partido Innovación y Unidad-Socialdemócrata (PINU-SD).
- Mario Rivera, del Partido Demócrata Cristiano de Honduras (PDCH).
Llamados a campañas propositivas
Sectores sociales y observadores han instado a los políticos a desarrollar campañas centradas en propuestas y soluciones para el país, en lugar de ataques personales, con el fin de fortalecer el debate democrático y la confianza ciudadana en el proceso electoral.