Varios sectores han denunciado la publicación en el diario oficial La Gaceta del decreto legislativo que autoriza un préstamo de 200 millones de dólares con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), calificando la acción como “ilegal y nula de pleno derecho”. Según Cálix, este decreto no fue aprobado conforme a los procedimientos establecidos en el Congreso Nacional, ya que nunca se sometió a votación en el pleno ni fue ratificado con mayoría simple, como lo exige la ley.
La denuncia ha desatado una nueva ola de tensiones políticas, especialmente porque la publicación del decreto lleva la firma del secretario del Congreso, Carlos Zelaya, y del presidente Luis Redondo, pese a que varios diputados han asegurado que la aprobación nunca se realizó formalmente. Cálix ha solicitado que el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia investiguen este hecho, al considerar que se estaría cometiendo un fraude de ley.
En medio de esta controversia, el también precandidato presidencial Salvador Nasralla ha reaccionado con firmeza, asegurando que esta maniobra legislativa refleja prácticas antidemocráticas que ponen en riesgo la transparencia institucional. Nasralla, vinculó este nuevo episodio con lo que él describe como “una estructura corrupta que manipula las instituciones para intereses particulares”.
La comunidad política y jurídica ha comenzado a pronunciarse. Expertos constitucionalistas han advertido que la publicación de un decreto sin haber sido aprobado legalmente puede constituir un delito grave, incluyendo falsificación de documentos públicos y abuso de autoridad. El decreto CAF se encuentra actualmente bajo revisión legal, y crecen las voces que exigen su inmediata anulación.
Este nuevo conflicto no solo ha expuesto las fracturas internas dentro del Partido Liberal, sino que también ha dejado al descubierto la fragilidad del sistema legislativo hondureño ante acciones que comprometen la legalidad y la credibilidad de las instituciones.