Desde su regreso a la Casa Blanca el 20 de enero de 2025, el presidente Donald Trump ha endurecido su política migratoria con detenciones masivas y deportaciones aceleradas. En menos de tres meses, el gobierno estadounidense ha arrestado a 113,000 inmigrantes y ha deportado a más de 100,000, según informó el Departamento de Seguridad Nacional.
Las cifras reflejan la rápida implementación de las promesas de campaña de Trump, quien ha reforzado la seguridad fronteriza y aplicado medidas drásticas para frenar la inmigración irregular. En sus primeros 50 días en el poder, se realizaron 32,000 arrestos, con la mayoría de los detenidos siendo enviados de regreso a México.
El gobierno estadounidense también ha intensificado las expulsiones de presuntos miembros de pandillas y organizaciones criminales. En particular, Trump ha utilizado una antigua ley que permite la expulsión inmediata de «enemigos extranjeros», aplicándola contra migrantes venezolanos a quienes acusa de pertenecer al Tren de Aragua (TDA), sin presentar pruebas concluyentes.
Esta política ha generado controversia y ha sido impugnada por organizaciones de derechos civiles como la ACLU, que ha llevado el caso a los tribunales. Sin embargo, la administración Trump ha seguido adelante con las expulsiones, ignorando órdenes judiciales que buscan detenerlas.
Los datos muestran que el cruce ilegal de la frontera sur de EE.UU. ha disminuido drásticamente. En septiembre de 2024, unas 53,858 personas ingresaron ilegalmente al país, mientras que en marzo de 2025 la cifra cayó a 7,000. «Los inmigrantes ahora tienen miedo de las consecuencias del cruce ilegal», aseguró una fuente gubernamental.
La administración Trump insiste en que estas medidas son necesarias para restaurar el control de la frontera y reducir la inmigración ilegal, mientras que activistas y defensores de los derechos humanos denuncian que estas acciones vulneran el debido proceso y ponen en riesgo a miles de personas.