Los Ángeles amaneció bajo fuerte presencia militar este domingo, tras la llegada de más de 2,000 efectivos de la Guardia Nacional enviados por el Gobierno federal en respuesta a las crecientes protestas contra una serie de redadas migratorias realizadas por el ICE en la ciudad californiana.
Las manifestaciones, que comenzaron el viernes, se intensificaron el sábado en la localidad de Paramount, donde agentes federales ejecutaron un operativo migratorio en una empresa con el apoyo de más de 50 vehículos oficiales. La comunidad y activistas salieron a las calles para rechazar las acciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), siendo reprimidos con gases lacrimógenos, granadas aturdidoras y balas de goma. Se reportaron múltiples personas heridas entre los manifestantes.
Ante los hechos, el presidente Donald Trump emitió un mensaje a través de su red Truth Social en el que advirtió que si las autoridades locales “no pueden hacer su trabajo”, el Gobierno federal intervendrá para “resolver el problema”. El mandatario también se refirió de forma despectiva al gobernador Gavin Newsom, y criticó la gestión de la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass.
Tom Homan, designado por Trump como “zar de la frontera”, confirmó en una entrevista televisiva que la Casa Blanca ha autorizado el despliegue de la Guardia Nacional en las calles de Los Ángeles, tras dos días consecutivos de disturbios.
Por su parte, el gobernador Newsom reaccionó asegurando que la intervención federal con tropas es una medida “provocadora” que solo contribuirá a incrementar las tensiones. Además, condenó las redadas como innecesarias y perjudiciales para las comunidades trabajadoras de California.
El Departamento de Seguridad Interna también expresó preocupación por los actos de vandalismo ocurridos la noche del viernes, cuando se reportaron daños y grafitis en edificios federales y vehículos oficiales en al menos siete locaciones.
La situación en Los Ángeles se mantiene en desarrollo, con creciente preocupación por parte de organizaciones civiles, que han denunciado violaciones a los derechos humanos durante los operativos y las manifestaciones.