La relación bilateral entre Colombia y Ecuador atraviesa un momento de alta tensión tras la decisión del gobierno ecuatoriano, encabezado por el presidente Daniel Noboa, de imponer un arancel del 1.5 % a las importaciones y exportaciones que transitan por vía terrestre entre ambos países.
La medida, denominada por las autoridades ecuatorianas como una “tasa de seguridad”, busca recaudar fondos para financiar la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, problemáticas que han golpeado con fuerza a Ecuador en los últimos meses. Sin embargo, el impuesto afecta directamente al comercio fronterizo, especialmente en el puente internacional de Rumichaca, principal punto de intercambio comercial entre ambas naciones.
El anuncio generó un rechazo inmediato por parte de gremios de transportistas y exportadores colombianos, quienes consideran que el nuevo gravamen vulnera los acuerdos comerciales vigentes dentro de la Comunidad Andina (CAN). Desde Bogotá, el gobierno del presidente Gustavo Petro expresó su preocupación, señalando que la imposición de tasas unilaterales rompe el principio de libre tránsito de mercancías.
Las autoridades colombianas advierten que este tipo de cargas impositivas encarecen los productos, reducen la competitividad de los productores locales y afectan la recuperación económica de la región fronteriza.
Por su parte, Ecuador ha defendido la medida argumentando una situación de “excepcionalidad” derivada de la crisis de seguridad nacional. El gobierno de Noboa sostiene que los costos de la vigilancia en carreteras y del control de puertos —considerados puntos críticos para el tráfico de drogas— deben ser financiados por quienes se benefician del comercio seguro.
El conflicto ya escaló al ámbito legal, luego de que Colombia solicitara formalmente la intervención de la Secretaría General de la Comunidad Andina, para que determine si el arancel ecuatoriano constituye un gravamen prohibido por el Acuerdo de Cartagena, lo que podría derivar en sanciones o en la eliminación de la tasa.
Los transportistas de carga pesada han sido los más activos en las protestas, advirtiendo sobre posibles bloqueos en la frontera si no se alcanza un acuerdo. Señalan que el nuevo arancel se suma a problemas históricos como la inseguridad vial y la burocracia aduanera, encareciendo aún más la operación comercial.
Aunque ambos países reconocen que enfrentan un enemigo común en las mafias transnacionales, la diferencia radica en el mecanismo de financiamiento para combatirlas. Mientras Ecuador apuesta por recursos inmediatos provenientes del comercio, Colombia insiste en soluciones diplomáticas que no perjudiquen a los exportadores.
El desenlace de este conflicto marcará un precedente importante para la integración andina, en medio de un contexto regional complejo. En paralelo, Colombia reportó un récord histórico en la lucha antidrogas, al superar por primera vez las 1,000 toneladas de cocaína incautadas en un solo año, cerrando 2025 con un total de 1,075 toneladas, según datos del Ministerio de Defensa.