Una jueza federal falló en contra de los planes de la administración del expresidente Donald Trump y decidió extender el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para más de 70,000 inmigrantes originarios de Honduras, Nicaragua y Nepal.
El TPS es una medida migratoria que impide la deportación de sus beneficiarios y les permite trabajar legalmente en Estados Unidos. Este estatus puede ser otorgado por la Secretaría de Seguridad Nacional cuando las condiciones en el país de origen —como desastres naturales, violencia o inestabilidad política— hacen peligroso el regreso de sus ciudadanos.
La entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, había anunciado la cancelación del TPS para decenas de miles de hondureños y nicaragüenses, argumentando que sus países ya no presentaban las condiciones de inseguridad que justificaban el beneficio. Sin embargo, la jueza consideró que esa decisión no tenía sustento suficiente y ordenó mantener las protecciones migratorias vigentes.
Esta decisión representa un alivio temporal para miles de familias inmigrantes que han construido sus vidas en Estados Unidos y ahora podrán permanecer legalmente en el país mientras continúa el debate legal y político sobre el futuro del TPS.