Tegucigalpa. La libertad de prensa en Honduras enfrenta una nueva amenaza tras la decisión del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Roosevelt Hernández, de iniciar acciones legales contra 12 medios de comunicación del país. El alto mando militar busca obligar a los periodistas a revelar sus fuentes de información, en lo que organismos de derechos humanos y gremios periodísticos han calificado como un intento directo de censura y hostigamiento judicial.
Las investigaciones publicadas por los medios en cuestión han expuesto presuntas irregularidades y polémicas declaraciones de Hernández, lo que habría motivado su arremetida contra el periodismo independiente. Entre los medios afectados figuran El Heraldo, La Prensa, Radio Cadena Voces (RCV), La Tribuna, Radio América, Abriendo Brecha, CHTV, Hable Como Habla, Q’Hubo TV, Hondudiario, Criterio HN y Noticias 24/7.
Ataque contra el derecho a la confidencialidad periodística
Este intento de intimidación ha sido condenado por organizaciones internacionales como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que denunció el uso del acoso judicial como una estrategia para silenciar la labor periodística. «El hostigamiento legal se ha convertido en un arma sistemática contra el periodismo, especialmente cuando se investigan actos de corrupción y abuso de poder», expresó José Roberto Dutriz, presidente de la SIP.
En noviembre de 2024, una comitiva militar encabezada por el auditor jurídico de las Fuerzas Armadas, coronel Max Alonso Hernández Marcía, presentó ante el Ministerio Público una solicitud formal para investigar y entablar una querella contra los medios por supuesta injuria con publicidad. En las últimas semanas, agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y de la Unidad Contra Delitos Informáticos de la OCN-Interpol han visitado varias redacciones, entregando oficios con irregularidades legales y exigiendo la entrega de información sobre las fuentes utilizadas en los reportajes.
La solicitud de la cúpula militar ha causado sorpresa dentro del mismo Ministerio Público, donde funcionarios han señalado que nunca antes se había presentado una petición de este tipo. «Es un acto sin precedentes y un atropello a la Constitución y a tratados internacionales que protegen la libertad de prensa», afirmó una fuente dentro de la institución.
Presión creciente y denuncias de censura
El Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) ha calificado estas acciones como un atentado contra la democracia y ha exigido el cese inmediato de la persecución judicial. Además, ha alertado sobre la creciente presión del gobierno y sectores afines contra medios que han cuestionado la administración de la presidenta Xiomara Castro.
En las últimas semanas, también se han registrado otros intentos de censura, como la amenaza del Sistema Nacional de Emergencias 911 (SNE-911) de demandar a El Heraldo por sus investigaciones sobre presuntas irregularidades dentro de la entidad. Asimismo, Noticias 24/7 sufrió un ataque cibernético tras replicar estas denuncias.
La preocupación crece en el gremio periodístico y la sociedad civil, pues este tipo de acciones podrían sentar un peligroso precedente para el ejercicio del periodismo en Honduras. El caso sigue en manos del Ministerio Público, que deberá decidir si admite o no la querella impulsada por las Fuerzas Armadas.