Tegucigalpa, Honduras. Una nueva fase en la intervención del sistema penitenciario hondureño dejó al descubierto el hallazgo de caletas con armas, drogas y dinero ocultas bajo el piso de la cocina del Módulo de Sentenciados Número 1 en la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto, ubicada en Támara. Así lo confirmó este miércoles el director del Instituto Nacional Penitenciario (INP), general Ramiro Fernando Muñoz.
El descubrimiento fue posible tras el desalojo progresivo de reclusos y la demolición de estructuras clandestinas que, según autoridades, fueron construidas por los mismos internos con el fin de ocultar sus operaciones delictivas.
“Este tipo de cosas obligatoriamente las íbamos a encontrar, solo que se tenían que dar las condiciones: sacar a los privados de libertad, destruir esos lugares y ver qué escondían”, afirmó el general Muñoz en conferencia de prensa.
Un narcoimperio tras las rejas
Durante la operación, se decomisaron armas de fuego, municiones, grandes cantidades de droga, dinero en efectivo, y hasta tanques artesanales de fabricación casera, lo que evidencia el alto nivel de organización criminal que operaba desde el interior del penal.
Muñoz reveló que en ocasiones anteriores estimaba que el narcotráfico movía cerca de 40 millones de lempiras mensuales dentro de Támara, pero afirmó que esa cifra quedó corta tras este hallazgo.
“¿Cómo es posible que tengan armas y tanques? ¿Contra quién se estaban defendiendo? Esto solo confirma el poder que mantenían desde adentro”, cuestionó con firmeza el titular del INP.
Operativos continuarán en otros centros penales
El director penitenciario aseguró que las intervenciones se extenderán a todos los centros penales del país como parte de una política de “cero tolerancia” contra el crimen organizado que se ha enquistado en las cárceles hondureñas durante años.
“Vamos a ir ladrillo por ladrillo, no vamos a dejar ni altares ni escondites. Esta lucha apenas comienza. Esto es terrorismo, y vamos a enfrentarlo con firmeza”, declaró.
Muñoz también envió un mensaje a los familiares de los internos, aclarando que los operativos no son contra los reclusos por sí mismos, sino contra las estructuras delictivas que han utilizado los centros penales como bases de operaciones.