Las autoridades hondureñas continúan con el proceso judicial contra 14 mujeres acusadas de fraude y falsificación de documentos en el escándalo conocido como “Planillazo en el IHSS”, un esquema de corrupción que desvió más de 1.8 millones de lempiras en sueldos a empleados inexistentes.
Este viernes, las imputadas fueron trasladadas desde la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) en Támara, Francisco Morazán, hasta los Juzgados en Materia de Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción en San Pedro Sula, bajo un fuerte operativo de seguridad.
El fraude: Médicos inexistentes y salarios fantasma
De acuerdo con el Ministerio Público, las investigaciones revelan que dos exempleadas del Departamento de Compensación Salarial del IHSS, identificadas como Suyapa Isabel Carranza Rodríguez y Eliana Yessenia Bonilla López, habrían ingresado al sistema una plantilla de 20 empleados falsos, con un sueldo mensual de 35,000 lempiras cada uno.
Para concretar el fraude, falsificaron firmas y sellos de la subjefa de personal y abrieron cuentas bancarias a nombre de estas personas inexistentes. Una vez realizado el depósito, los supuestos trabajadores—en realidad amas de casa y jornaleros—acudieron a una agencia bancaria para retirar el dinero.
Familiares defienden a las acusadas: “Son víctimas”
A las afueras del juzgado, familiares y vecinos de las detenidas se congregaron para exigir justicia, asegurando que las mujeres fueron engañadas y utilizadas sin su conocimiento.
«Nos engañaron, nos dijeron que recibiríamos un bono y nos pidieron abrir una cuenta bancaria, pero nunca pensamos que era para esto”, expresó la madre de una de las acusadas.
Vecinos del sector de los bordos de San Pedro Sula también respaldaron la versión de que las implicadas provienen de familias de escasos recursos y que desconocían el propósito real de las cuentas que abrieron.
«Aquí la gente presta su identidad por un saco de comida, ellas no tienen educación ni trabajo, no pudieron haber hecho esto”, señaló una habitante de la zona.
Investigación en curso y posibles sentencias
El Ministerio Público sigue recopilando pruebas para determinar el grado de responsabilidad de cada una de las acusadas y esclarecer si fueron manipuladas o si existió dolo en su participación.
Las implicadas enfrentan cargos por fraude, falsificación de documentos públicos y falsificación de sellos oficiales, delitos que podrían acarrear penas de prisión de hasta 10 años en caso de ser declaradas culpables.
Las autoridades han reiterado su compromiso en la lucha contra la corrupción y han asegurado que se seguirán aplicando medidas para evitar que el IHSS vuelva a ser víctima de este tipo de fraudes.