Gran preocupación e indignación ha generado en la población hondureña el anuncio del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, sobre la utilización de recursos del Estado para reembolsar a los inversionistas afectados por Koriun Inversiones, una empresa que operaba al margen de la ley y sin supervisión de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).
La compañía, señalada por operar un esquema Ponzi, atrajo a miles de hondureños con promesas de altos rendimientos, sin contar con respaldo legal ni autorización. Ahora, en lugar de que los responsables enfrenten las consecuencias, es el dinero del pueblo el que cubrirá el fraude.
Luis Redondo aseguró que, por instrucciones de la presidenta Xiomara Castro, se emplearán fondos públicos para indemnizar a los afectados cuyos depósitos no puedan ser rastreados en las cuentas de Koriun. Sin embargo, esta medida ha desatado fuertes críticas por parte de sectores jurídicos y ciudadanos, quienes consideran que se está normalizando el uso del dinero de los contribuyentes para resolver fallas del sector privado y, peor aún, para tapar negocios turbios.
Expertos advierten que este tipo de decisiones abre la puerta a un uso discrecional y peligroso de los caudales públicos, lo que podría derivar en desvíos de fondos, robos y corrupción, agravando aún más la ya debilitada confianza en las instituciones estatales.
«Los ciudadanos pagan impuestos para tener salud, educación, seguridad… no para rescatar esquemas financieros ilegales», opinó el abogado constitucionalista Luis Romero. Para muchos, esta decisión representa un precedente alarmante que podría incentivar futuras estafas bajo la falsa promesa de que el Estado siempre cubrirá las pérdidas.