⚖️ Mil días sin libertades: el riesgo democrático del estado de excepción en Honduras

Honduras se encamina a las elecciones generales del próximo 30 de noviembre bajo un estado de excepción que ya supera los mil días de vigencia. Aunque la medida ha contribuido a reducir los niveles de criminalidad, diversos sectores advierten que su prolongación amenaza los pilares fundamentales de la democracia.

El estado de excepción, instaurado en diciembre de 2022 y prorrogado en 17 ocasiones, mantiene suspendidos derechos constitucionales esenciales, como la libertad personal, la libre circulación, la inviolabilidad del domicilio y el derecho a reunión y asociación.

Según un informe del Centro de Estudio para la Democracia (Cespad), la continuidad de esta medida representa un riesgo real para la realización de elecciones libres y justas, ya que “no puede hablarse de un proceso democrático pleno cuando las libertades fundamentales están restringidas”.

Libertades restringidas y democracia en jaque

El decreto fue impulsado inicialmente para combatir la violencia criminal, pero a medida que se ha extendido, ha limitado garantías que son clave para la participación política y ciudadana. Aunque durante la actual campaña no se aplican restricciones severas, el marco legal vigente permite al Estado limitar derechos cuando lo considere necesario.

De acuerdo con los estándares internacionales, los procesos electorales deben sustentarse en libertades efectivas de expresión, asociación y movimiento. Sin ellas —advierte el Cespad—, los comicios pierden legitimidad, ya que los ciudadanos no pueden expresarse ni participar en igualdad de condiciones.

Entre la seguridad y la política

El Gobierno defiende la continuidad del estado de excepción como una herramienta que ha permitido reducir los índices de criminalidad y debilitar estructuras delictivas. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y observadores internacionales sostienen que mantenerlo durante el proceso electoral podría afectar la calidad democrática de los comicios.

El debate se centra ahora entre la necesidad de garantizar seguridad y la urgencia de restablecer las libertades ciudadanas, pilares indispensables de una democracia auténtica.