El Ministerio Público de Honduras, a través de la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV), ha solicitado penas que oscilan entre 1,260 y 1,273 años de prisión contra 15 integrantes de una pandilla, acusadas de estar involucradas en la muerte de 46 reclusas durante un enfrentamiento ocurrido el 20 de junio de 2023 en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), ubicada a unos 20 kilómetros de Tegucigalpa.
La audiencia para la individualización de las penas está programada para este 23 de enero, después de que las acusadas fueran declaradas culpables el pasado 12 de diciembre de múltiples delitos, entre ellos asesinato, tentativa de asesinato, asociación para delinquir e incendio cualificado.
Detalles de las solicitudes de condena
De acuerdo con el comunicado emitido por la FEDCV, se han solicitado:
1,260 años de cárcel para ocho pandilleras por delitos como asesinato, tentativa de asesinato, asociación ilícita e incendio cualificado.
Entre 1,265 y 1,268 años de prisión para seis implicadas por cargos similares, a los que se suman porte ilegal de armas comerciales y de uso prohibido.
1,273 años de prisión para otra acusada, quien además enfrenta cargos por posesión ilegal de municiones prohibidas.
Todas las imputadas pertenecen a la pandilla Barrio 18 y están implicadas en la planificación y ejecución de uno de los episodios más sangrientos registrados en un centro penitenciario femenino en Honduras.
La masacre de PNFAS
El violento suceso, descrito como un acto premeditado, involucró un enfrentamiento entre las pandillas rivales Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS-13). Según el informe de la Fiscalía, 23 de las víctimas murieron por heridas causadas por armas de fuego y armas blancas, mientras que otras 23 perecieron en un incendio que consumió una celda.
Las investigaciones también revelaron que algunas de las armas y municiones utilizadas en el ataque eran de uso exclusivo de la Policía hondureña, lo que refuerza las sospechas de que la matanza fue orquestada tanto dentro como fuera del recinto penitenciario.
Julissa Villanueva, viceministra de Seguridad, confirmó días después del incidente que la masacre fue cuidadosamente planeada y evidenció fallas graves en los protocolos de seguridad de la prisión.
Este caso, que ha conmocionado al país, marca un precedente judicial en la lucha contra las estructuras criminales que operan desde los centros penitenciarios hondureños.