El proceso electoral primario en Honduras, celebrado el pasado 9 de marzo, ha generado una ola de cuestionamientos hacia las Fuerzas Armadas (FF. AA.), institución encargada de garantizar la seguridad del material electoral. El retraso en la entrega de maletas electorales, la falta de custodia y el desorden registrado en varias zonas del país han llevado a expertos en derecho penal a considerar que podrían configurarse delitos como incumplimiento de deberes e incluso traición a la patria, cuya pena oscila entre 15 y 20 años de prisión.
Obligaciones constitucionales de las FF. AA. en el proceso electoral
Según los artículos 272 y 274 de la Constitución de la República, las Fuerzas Armadas tienen la responsabilidad de custodiar, transportar y vigilar el material electoral, así como de garantizar la seguridad del proceso democrático. Específicamente, el artículo 272 establece que las FF. AA. deben cooperar con la Policía Nacional en la conservación del orden público para garantizar el libre ejercicio del sufragio, mientras que el artículo 274 les asigna la responsabilidad de brindar apoyo logístico, asesoramiento técnico y protección a las instituciones del Estado, incluyendo el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Siguiendo estos lineamientos, el 8 de febrero, un mes antes de los comicios, el CNE asumió el mando de las Fuerzas Armadas en un acto solemne, conforme lo dicta la ley. Posteriormente, en una comunicación oficial, las autoridades militares aseguraron que más de 26,000 efectivos estaban listos para garantizar la seguridad del proceso electoral y que la distribución del material electoral comenzaría una semana antes de las elecciones.
Irregularidades y fallas en la custodia del material electoral
A pesar de los preparativos anunciados, los retrasos en la entrega de las maletas electorales fueron evidentes en ciudades clave como Tegucigalpa y San Pedro Sula. En varios centros de votación, el material llegó horas después de lo programado, generando incertidumbre entre los votantes y retrasando el inicio de las votaciones.
Otro punto de controversia es que los uniformados no reportaron anomalías ni actuaron de manera efectiva para proteger el material electoral en algunos sectores. Esta falta de control contribuyó a una jornada electoral atípica, donde, por primera vez en la historia de Honduras, los ciudadanos tuvieron que emitir su voto en la noche, aumentando la desconfianza en las autoridades electorales y militares.
Posibles delitos y consecuencias legales
El abogado Gustavo Solórzano, presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), ha señalado que, si se demuestra que hubo un intento deliberado por desestabilizar el proceso electoral, podrían configurarse delitos graves, incluyendo traición a la patria.
«Si se demostrara que esto fue un boicot intencional, aquí podrían tipificarse otros delitos, incluyendo traición a la patria. Hay que determinar las causas reales de lo sucedido y si hubo actores que idearon este escenario. No dudaría que haya participación de personas de todos los partidos políticos», expresó Solórzano.
Por su parte, Lester Ramírez, abogado e investigador en temas de gobernanza, señaló que la actuación de las Fuerzas Armadas en este proceso ha generado un daño significativo a la confianza ciudadana.
«Les quedó grande el rol y fallaron ante la población hondureña. Lo que ocurrió debilitó la confianza de la gente hacia ellas en el contexto de las próximas elecciones generales. Uno puede delegar responsabilidades, pero las consecuencias recaen en quienes tomaron las decisiones, tanto en el CNE como en la cúpula militar», enfatizó Ramírez.
Investigación y exigencias de transparencia
Ante las denuncias e irregularidades, distintos sectores han solicitado una investigación exhaustiva para esclarecer lo ocurrido y determinar si hubo negligencia, omisión de responsabilidades o una intención deliberada de afectar el proceso electoral.
Las miradas están puestas en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y en la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas, que podrían ser llamados a rendir cuentas por el desorden y las anomalías registradas durante los comicios.
Mientras tanto, la incertidumbre sigue creciendo en la población hondureña, que espera un proceso transparente y justo de cara a las elecciones generales.