Con una inversión que asciende a 51.1 millones de lempiras, la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), a través del proyecto Innovación para la Competitividad Rural III (ComRural III), fortalecerá la actividad productiva de 421 familias dedicadas al sector agroalimentario en distintas regiones del país.
Como parte de este proceso, la ministra de la SAG, Laura Suazo, suscribió seis acuerdos de subvención, cinco de ellos con Organizaciones de Productores Rurales (OPR) y uno con una empresa ancla, enfocados en las cadenas productivas de ganadería, cafés especiales y granos básicos.
Las organizaciones beneficiadas pertenecen a diferentes modalidades del programa ComRural. En la Ventana 2 participan la Cooperativa Mixta Subirana Yoro Limitada (COMISUYL), la Asociación de Ganaderos y Agricultores del Municipio de San Esteban (AGASE), la Cooperativa Agropecuaria Regional El Negrito Limitada (CARNEL-ACAN), Rubí Lobo y Asociados de C.V. y la Sociedad Colectiva Andino Munguía y Asociados. En tanto, en la Ventana 3, la empresa ancla seleccionada es la Granja Integral San Antonio S. de R.L. (GISA).
La coordinadora nacional de ComRural III, Rut Pinoth, explicó que los planes de negocio aprobados están orientados a consolidar los sistemas productivos rurales, elevar la competitividad y productividad, y fomentar un enfoque inclusivo que promueva la participación económica y social de las familias beneficiadas.
Del total de personas favorecidas, 81 son mujeres y 28 jóvenes, lo que refuerza el compromiso del programa con la equidad y la inclusión. Las iniciativas se desarrollarán en los departamentos de Yoro, Olancho y Santa Bárbara, donde se prevé la ejecución progresiva de los proyectos productivos.
Las autoridades estiman que la implementación de estos planes permitirá incrementar los ingresos de las familias rurales, fortalecer las cadenas de valor agropecuarias, generar empleo y dinamizar las economías locales, además de impulsar prácticas productivas sostenibles.
El proyecto ComRural III es una iniciativa del Gobierno de Honduras, ejecutada por la SAG con financiamiento del Banco Mundial, que promueve el desarrollo rural mediante alianzas productivas entre organizaciones de productores, instituciones financieras y el Estado.